08. Uruguay: La interrupción del embarazo es «política de estado»

Por 17 votos en 31, se aprobó el miércoles 17 de octubre, en el senado, el proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo, convirtiendo el derecho en «una política de estado» que obliga a «todas las instituciones de salud del Uruguay», según definió la senadora Constanza Moreira. Ahora solo resta la promulgación del presidente, que ya adelantó hará efectiva.

De los 17 votos, 16 pertenecen al partido de gobierno Frente Amplio, que cumple así con uno de sus compromisos asumidos con la ciudadanía. El otro corresponde al senador Jorge Saravia, recientemente escindido de esa fuerza política.

Sin embargo, el cumplimiento con la ciudadanía se da con un proyecto que no conforma del todo, en tanto mantiene una visión tutelar del ejercicio del derecho y no despenaliza, sino que transforma en no punible la práctica cuando esta se realice dentro del sistema previsto.

Desde las organizaciones sociales se visualiza como un proyecto que sí avanza en la consigna de que el aborto sea «seguro» y no en un marco de clandestinidad, como hasta el momento.

En los partidos opositores, a su vez, varios representantes se manifestaron a favor de despenalizar la práctica de interrupción del embarazo, lo que sin embargo no hicieron efectivo por la imposición de la disciplina partidaria. Durante la sesión en que se votó el proyecto, el senador opositor al partido de gobierno, Jorge Larrañaga, adelantó que si su partido (Nacional) gana las próximas elecciones derogará esta ley. El representante dejó abierta a su vez la posibilidad de convocar un referéndum.

Ambas son opciones que quedan abiertas luego de cualquier promulgación legislativa, aunque para convocar a un referéndum es necesario obtener 25 por ciento de adhesión con firmas de los inscriptos para votar.

De todos modos, y a partir de la promulgación de la ley, Uruguay se convierte en el segundo país de Latinoamérica, luego de Cuba, en tener legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Lo hace además en un contexto en el que, desde 2010, todos los servicios de salud públicos y privados del país cuentan con Servicios Integrales de Salud Sexual y Reproductiva.

El ámbito fue creado por decreto presidencial, como reglamentación a una ley a la cual el ex presidente Tabaré Vázquez vetó el artículo referente al aborto.

Estos servicios deben encargarse, según su Artículo 6, literales N y 0, tanto del «asesoramiento y adopción de medidas de protección a las mujeres frente al aborto provocado en condiciones de riesgo», como de la «atención de la interrupción del embarazo en los casos en que la misma sea autorizada por las normas vigentes».

De este modo, y a pesar de que uno de los cuestionamientos que se hace del proyecto aprobado es que expresa que la mujer debe acudir a un equipo de profesionales de la salud «a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción», la conformación de esos equipos ya es parte de la política en salud sexual y reproductiva vigente.

Sin embargo, «ahora el proyecto está aprobado, pero empezará a enfrentar resistencias en su implementación», advirtió la senadora Moreira luego de la votación.

Una de esas resistencias genera expectativa y es la que puedan manifestar instituciones de salud privadas de perfil religioso para llevar adelante una prestación que ahora será parte de la asistencia integral que debe brindar cualquier integrante del sistema.

Para la ginecóloga Leticia Rieppi, responsable del área de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud, esta legislación significa «un gran avance», y hace que la política en esta materia «se vaya consolidando de a poco», aseguró.

Rieppi consideró que el texto que quedó vigente de la ley de 2008 generó la posibilidad de realizar «un sustento, un colchón, para poder implementar cosas que nos van a servir para que hoy las mujeres que soliciten la interrupción del embarazo tengan un lugar claro donde poder asistirse con respeto».

A su vez, y en tanto la conformación de esos equipos de salud sexual y reproductiva está dada no sólo por profesionales médicos sino además por profesionales del área social, hay mayores garantías de que «puedan ser contenidas no solo desde el punto de vista asistencial».

La encargada del tema en el ministerio rector en políticas de salud aseguró que «si tuviéramos una despenalización sin ningún sistema de salud que pueda contener la salud en forma integral, sería muy difícil respetar los derechos y asegurar la integralidad de la atención a las mujeres en forma real».

La idea del ministerio no es generar una nueva estructura, pues incluso los equipos ya existen en el marco de la ley anterior, por lo que solo deberían incorporar el nuevo marco normativo a su actuar cotidiano.

La ley aprobada dice que deben utilizarse las mejores prácticas conocidas para la interrupción del embarazo con evidencia científica, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son tres: la utilización medicamentosa de misoprostol, la combinación medicamentosa de esta droga con otro fármarco: la mifepristona, y la intervención quirúrgica. La jerarca del ministerio asegura que la idea será que estén disponibles los tres procedimientos y sea utilizado uno u otro, según un protocolo que ya están elaborando.

Además, deberán cambiarse las presentaciones de misoprostol existentes en el país (que actualmente sólo se receta para la úlcera gástrica) «para que puedan expenderse en las farmacias de las instituciones de salud» y su uso no se preste a confusiones. Igualmente deberá importarse la mifepristona, droga que no existe en el país.

Respecto a las posibles resistencias de instituciones de salud integradas al sistema, fundamentalmente las de corte religioso, Rieppi dijo que deberán cumplir con la prestación de todos modos. «La podrán brindar por contratación de terceros o por ellos mismos», dice Rieppi. Lo que sí será condición es que quien la preste tenga un abordaje integral.

La responsable del área de salud sexual y reproductiva del ministerio de salud no está de acuerdo con que se realice en clínicas privadas específicas, pues «sería un identificador de las personas que acuden a ellas, se perdería el carácter confidencial y, además, generaría confusión para las mujeres en la forma de entrada al sistema que plantea la ley», vulnerándose el derecho generado.

Presidente uruguayo José Mujica sugiere consulta sobre aborto

El presidente de Uruguay, José Mujica, se mostró a favor de consultar a la población sobre la reciente legalización del aborto en el país, aprobada por el Parlamento en medio de críticas de varios sectores y promulgada por el gobernante hace una semana.

«Es un tema que lo tendría que resolver el voto de la gente. Es un tema de conciencia y que cada cual lo tiene que resolver en su fuero interno», afirmó Mujica a la prensa en el balneario de Punta del Este, donde asistió a la inauguración de la Segunda Conferencia Global sobre Investigación Agropecuaria para el Desarrollo.

Encuestas recientes señalan que el 63 por ciento de los ciudadanos está a favor de la despenalización del aborto.

Fuente: AmecoPress/SEMlac y EFE.