08. Uruguay: Se aproxima la despenalización del aborto

A pesar de las amenazas de la Iglesia uruguaya de excomulgar a los legisladores que votaran a favor de la despenalización del aborto, el senado aprobó el pasado 27 de diciembre un proyecto que permite a las mujeres decidir la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación.

La Cámara baja tratará el proyecto en abril de este año, cuando retome su actividad tras el receso previsto hasta marzo. No obstante hay dudas respecto a la decisión que tomarán algunas legisladoras de la fuerza mayoritaria; se espera que el Frente Amplio llame a votar a sus diputados por disciplina partidaria.

La despenalización del aborto es, además, parte del programa de gobierno presentado para el período 2010-2015 por el partido en el poder. La decisión adoptada en diciembre por el Senado reafirma la tomada en la legislatura anterior (2008) y no cuenta esta vez con la presión del veto del Presidente de la República.

El anterior mandatario, Tabaré Vázquez, perteneciente a la misma fuerza política de gobierno, ejerció su derecho a veto y dejó sin efecto el artículo 2 de la ley de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, el resto del texto está vigente y otorga el acceso universal a métodos anticonceptivos y capacitación a docentes en derechos sexuales y reproductivos.

Esto hace de la normativa una «ley chueca», que genera una «incongruencia normativa y sanitaria», según la legisladora oficialista Constanza Moreira. En su tratamiento actual la propuesta despertó, sin embargo, fuertes reacciones de la Iglesia y de los movimientos pro vida.

Rechazos y garantías

Las amenazas eclesiásticas previas a la votación fueron duras para legisladores y legisladoras que votaran a favor y ampliamente rechazadas por todos los sectores políticos. La excomunión prevista, de todos modos, no se ha concretado. Por el contrario, inmediatamente llegaron repercusiones de integrantes del gobierno que manifestaron su apoyo a la propuesta.

Tanto el ministro como el viceministro de salud explicaron, en los días siguientes, que las instituciones públicas y privadas prestadoras de salud estarán obligadas, de aprobarse la ley, a asistir a aquellas mujeres que deseen interrumpir un embarazo. No hacerlo, dijeron, conllevaría sanciones.

«Tenemos el derecho y el deber de dar todas las condiciones a nuestras mujeres para la interrupción de un embarazo no deseado», insistió el ministro Venegas en los días siguientes. Al mismo tiempo el ministro de desarrollo social, Daniel Olesker, acompañó la votación en la Cámara y aseguró que «estamos ante la aprobación de un derecho ciudadano, el derecho a la maternidad elegida, a la salud sexual y reproductiva».

Representadas

La Cámara alta representó en su votación la voluntad ciudadana uruguaya, que desde hace años se muestra mayoritaria a la despenalización del aborto (63 por ciento, según encuestas de opinión pública).

La legisladora oficialista Mónica Xavier, impulsora principal del proyecto, argumentó en la oportunidad que el aborto puede ser considerado «pecado» por alguna religión, pero «para el Estado no puede ser igual pecado a delito». Explicó, además, que la ley vigente es «ineficaz, discriminatoria e injusta, porque algunas pueden llevar adelante sus decisiones y otras no».

Los argumentos esgrimidos en contra del proyecto están vinculados a la defensa de la vida desde la concepción, en general provenientes de la religión.

Según el texto aprobado por la Cámara alta «toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional». Agrega que el plazo no se aplicará si el embarazo es producto de una violación, si está en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran «malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina».

Fuente: AmecoPres