10. Bolivia: Machistas fuera de la lista

En Bolivia, las pasadas elecciones presidenciales y legislativas estuvieron marcadas por un intenso debate en materia de política y violencia de género. Las declaraciones de Ciro Zabala, senador electo por el partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), quien en una entrevista televisada afirmó que era necesario enseñar a las mujeres a “comportarse en la calle” para disminuir las probabilidades de ataques y de delitos en su contra, desató la indignación de feministas y organizaciones de mujeres que, bajo el lema “Machistas fuera de la lista”, manifestaron su rechazo a la banalización de la violencia contra las mujeres.

La polémica suscitada por Zabala fue sólo el inicio de una campaña que posicionó de forma inédita el sexismo en los debates electorales del país. Días después de las declaraciones del candidato del MAS, se conoció la grabación de una conversación telefónica en la que Samuel Doria Medina, entonces candidato presidencial por el partido de derecha Unidad Demócrata, intimidó a la esposa de Jaime Navarro, candidato a diputado por el mismo partido, para que no lo denunciara por maltrato.

El 1 de septiembre, colectivos y activistas articulados en torno Machistas fuera de la lista marcharon por las calles de La Paz exigiendo la renuncia de los candidatos acusados de ejercer violencia física y simbólica contra las mujeres. Asimismo, instaron a la población a castigar en las urnas a los partidos políticos que los mantuvieran en sus listas y exigieron una respuesta clara del gobierno frente a los numerosos casos de violencia contra las mujeres que se presentan en el país.

Las afirmaciones de Zabala se dieron luego de conocerse el asesinato de por lo menos nueve mujeres en menos de dos meses en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es la ciudad más poblada y considerada el principal centro industrial y financiero del país. Pese a que Zabala no renunció a su candidatura y atribuyó la polémica a una guerra sucia por parte de la oposición, Navarro se retiró aduciendo que, aunque nunca había maltratado a su esposa, lo hacía para no afectar la candidatura de Doria Medina.

Esta no es la primera vez que candidatos a cargos políticos o funcionarios electos de dicho país protagonizan algún escándalo por prácticas sexistas. En varias oportunidades, Percy Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, ha sido objeto de polémica por los manoseos a colegas suyas en eventos públicos así como a periodistas durante entrevistas. Asimismo, los numerosos comentarios de Evo Morales, quien en 2012 le preguntó a las trabajadoras de un pozo de explotación petrolera si eran perforadoras o perforadas, le han valido el rechazo de defensoras y defensores de los derechos de las mujeres. Sin embargo, sí es la primera vez que la acción organizada de activistas y el peso de la opinión pública afectan la candidatura de un político de este modo.

Al respecto, Mónica Novillo, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, señala que Machistas fuera de la lista y una sensibilidad en torno a la violencia de género que se manifestó en ese momento logró que Navarro declinara su participación en el proceso electoral. “Estoy convencida de que iniciativas como esa, desde la sociedad civil, pero además espontáneas, de rechazo y repudio pueden contribuir al trabajo que estamos haciendo las organizaciones y puede tener mayor repercusión en la transformación de las relaciones de inequidad entre hombres y mujeres”, afirma.

En este sentido, llama la atención los alcances y la rápida adhesión que generó una campaña surgida en medios sociales y que, en la manifestación de La Paz, movilizó a más de un centenar de mujeres y a muchos hombres que no estaban articulados en torno a una organización mayor. Al respecto, Jenny Ybarnegaray, integrante del colectivo En Clave Feminista, impulsor de la campaña, relata: “una noche, en una reunión del grupo, sacamos la consigna de Machistas fuera de la lista, sin pensar que podía tener ese nivel de repercusión”.

Aunque responde a la coyuntura particular del período electoral, la movilización no surgió de la nada. Novillo señala que en Bolivia los grupos tradicionalmente excluidos están viviendo un momento particular en el que poco a poco han ido cobrando relevancia en el espacio político. Dicho proceso responde, por un lado, al saldo de las luchas de los movimientos sociales, en este caso el movimiento de mujeres, que con limitaciones y resistencias han logrado posicionar problemáticas como la violencia contra las mujeres en la escena pública. Por otro lado, explica, la nueva Constitución Política ha contribuido al reconocimiento de los derechos de las mujeres y de los indígenas, entre otros grupos, y ha servido como marco normativo que ampara sus reivindicaciones. Lo anterior ha ido habilitando un campo en el que, pese a las fuertes reacciones que todavía suscitan, las demandas sociales no pueden ser ignoradas con tanta facilidad por los tomadores de decisiones, y esto a su vez ha permeado, aunque de forma parcial, al resto de la sociedad. Aunque los avances son incipientes y queda mucho trabajo por hacer, “ya no es políticamente correcto hablar del mismo modo sobre ciertos temas”, afirma.

Por su parte, Ybarnegaray explica que, en materia de violencia de género, el “ambiente estaba bastante cargado y este fue el motivo por el cual la campaña sonó mucho”. La activista relata que en los últimos años se han intensificado las voces que le exigen al Estado boliviano implementar medidas efectivas para detener la violencia contra las mujeres. Bolivia es el país de la región que registra el segundo mayor número de agresiones contra las mujeres, según la ONU, y en los primeros nueve meses de este año el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) reportó 103 femicidios, lo que equivale a una media de once al mes.

El año pasado la Asamblea Legislativa Plurinacional promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que establece la erradicación de la violencia de género como prioridad de Estado y tipifica el feminicidio como delito punible hasta con 30 años de prisión. La medida fue aplaudida a nivel internacional y el vocero del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Rupert Colville, elogió en su momento el contenido de la misma y el compromiso del gobierno de Evo Morales de avanzar en esta dirección.

No obstante, Novillo e Ybarnegaray coinciden en que la ley ha sido inoperante debido a la ausencia de una asignación presupuestaria y a que no se han realizado las transformaciones en la estructura institucional del Estado requeridas para abordar la violencia contra las mujeres, así como a la dilatada promulgación del decreto reglamentario (publicado el pasado 14 de octubre, es decir, 19 meses de expedida la ley) que permita su implementación. Dicho decreto, afirma Ybarnegaray, contempla la creación de refugios para mujeres violentadas, pero no destina dinero para políticas públicas sostenidas que atiendan y prevengan dicha violencia.

Aunque el movimiento de mujeres venía denunciando la grave situación de femicidios desde hace varios años, un caso particular resonó en los medios de comunicación y suscitó indignación en la sociedad boliviana. En febrero del año pasado, la periodista Hanalí Huaycho fue asesinada a puñaladas por su esposo, el ex-teniente de la policía Jorge Clavijo, quien participó en el Asalto al Hotel Las Américas en 2009, una operación que concluyó con la muerte de tres extranjeros acusados de terrorismo y de planear el asesinato del presidente y el vicepresidente del país. Tras la muerte de su esposa, Clavijo desapareció. Tiempo después fue encontrado su cadáver. Las circunstancias en las que Huaycho fue asesinada no son claras y existe un manto de duda sobre un posible encubrimiento de su muerte por parte de miembros de la policía.

Para Ybarnegaray, las declaraciones de Zabala fueron el catalizador de las protestas que tenían como trasfondo una situación aún más grave. Esto permite entender el impacto de Machistas fuera de la lista más allá del movimiento de mujeres: “yo participo desde hace muchos años en política y no recuerdo que antes se hubiera incorporado el tema de las violencias contra las mujeres en la agenda electoral. Durante la campaña de este año, el tema se ha debatido en foros y ha sido una pregunta reiterada en los pocos espacios de debate que ha habido. Al respecto creo que ha habido un avance. Por lo menos hemos llamado la atención de la ciudadanía y hemos puesto en apuros a los candidatos al momento de responder a preguntas como ‘¿qué haría usted si fuera presidente, diputado o senador, con relación a la violencia contra las mujeres?’”, afirma.

Elecciones igualitarias

Para Novillo también fue una novedad el lugar central que ocupó la violencia de género en el debate electoral, y aclara que el debate no se limitó a las formas letales de dicha violencia, sino también a aquella que se ejerce en el ámbito político, así como al derecho de las mujeres a la participación. La lucha por unas elecciones igualitarias, que contaran con una amplia participación de las mujeres como candidatas, fue otro de los ejes del debate electoral en materia de género. “Nosotras en la Coordinadora de la Mujer teníamos en marcha la campaña‘50 y 50 Paridad es ahora’, que es una estrategia de vigilancia para la presentación de las listas de candidaturas. Durante el contexto electoral confluyeron ambas campañas, una por la violencia contra las mujeres y otra por la participación política”, explica.

En contraste con el grave panorama de femicidios y de violencia física y simbólica ejercida por los candidatos en las pasadas elecciones, llama la atención el alto número de mujeres electas. En la Cámara de Diputados las candidatas obtuvieron la mayoría con 51% de escaños y en el Senado lograron el 44%, lo que equivale a 49% de mujeres en la Asamblea Legislativa. De acuerdo con el Mapa de las Mujeres en Política 2014, lanzado por la Unión Interparlamentaria (UIP) y ONU Mujeres, Bolivia ocupa el segundo lugar en el mundo con mayor participación de mujeres en el legislativo. En primer lugar está Ruanda con 63,8% de parlamentarias.

Al respecto, la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer señala que con la promulgación de la Nueva Constitución Política, las organizaciones de mujeres han buscado incidir en la legislación del país con el fin de mejorar la presencia de mujeres en los órganos de decisión. “Este proceso se ha traducido en medidas concretas que nos han permitido romper el techo de cristal en la participación política de mujeres”, afirma. Entre las medidas referidas por Novillo se encuentran la inclusión de los principios de paridad (distribución de candidatas y candidatos en las listas de modo que cada género tenga una representación del 50%) y alternancia (intercalar hombres y mujeres en la conformación de listas) de género en la nueva Constitución para garantizar la igualdad de oportunidades en la participación política de hombres y mujeres. A partir de allí se han formulado distintas leyes que buscan implementar de forma efectiva dichos principios y cuyos resultados fueron patentes en las pasadas elecciones.

Como señala Erika Brockmann Quiroga, integrante de la Red Internacional de Información sobre Mujeres y Política – iKNOW Politics, esto ha contribuido a que “en menos de 15 años se ha[ya] transitado del debate centrado en las cuotas mínimas de inclusión de mujeres en las listas de candidatos hacia la adopción de un orden normativo estatal fundado en los principios de equivalencia, paridad y alternancia”. Dichas normas se suman a un importante cuerpo normativo en materia de género que contemplan, entre otras, una ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres.

El resultado de las elecciones legislativas fue aplaudido por el movimiento de mujeres boliviano y destacado a nivel internacional. Sin embargo, más que a una transformación de la cultura política, éste responde a una serie de avances normativos, explica Novillo. “La contradicción entre el elevado número de mujeres electas y la situación de violencia contra las mujeres en el país sólo es aparente. Esta se explica si se tiene en cuenta que Bolivia es una sociedad patriarcal que está en proceso de reconocerse de ese modo, y que los avances que hemos logrado han sido más en términos formales. Los medios de comunicación, el sistema educativo y las diferentes iglesias todavía contribuyen en la definición de roles de género que van a contrapelo de las transformaciones en las relaciones entre hombres y mujeres”, afirma.

Novillo explica que el sistema político boliviano se circunscribe no sólo a los partidos políticos sino también a organizaciones sociales que tienen un peso importante en la definición de candidaturas; y que aún persisten serias dificultades en la democratización interna de dichas organizaciones. En este sentido, de forma paralela a los avances normativos, es necesario incidir en las lógicas de dichas organizaciones, transformar la división sexual del trabajo que tiene lugar en el seno de las mismas y avanzar en el reconocimiento de las mujeres como sujetas políticas y sujetas de derecho con voz propia. En el caso de la Asamblea Legislativa recién electa, el desafío de las organizaciones feministas consiste en “transformar una representación numérica en una representación sustantiva, que lleve nuestras propuestas y represente a las mujeres de Bolivia”, afirma.

Por su parte, Ybarnegaray señala que los resultados de las elecciones legislativas sólo dan cuenta de una mejor distribución del derecho ciudadano que tienen hombres y mujeres a ser elegidos/as y participar en espacios de poder, pero no evidencian en sí mismas progresos en el posicionamiento de los derechos de las mujeres en la agenda política del Estado. Es por ello que manifiesta su escepticismo respecto a los avances que puedan alcanzarse con la nueva legislatura.

“La configuración de la Asamblea Legislativa y la experiencia de la anterior legislatura ha mostrado que no existe mucho debate sobre los derechos de las mujeres en el interior de los partidos. No tengo muchas expectativas con relación a esta presencia. Hemos tenido presidentas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero estas mujeres no han tenido una actuación que pueda diferenciarse de la de sus pares varones del mismo partido. Por otro lado, el MAS ha establecido una estructura muy rígida en la que las y los diputados están conminados a votar en línea con la cúpula gubernamental. Si se tiene en cuenta que el MAS tiene dos tercios en la Asamblea Legislativa, se observa que ésta está prácticamente atrapada por el Ejecutivo. Muchas de nosotras pensamos que no podemos confiar en este gobierno, porque durante 9 años le hemos insistido en que desarrolle políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres sin mayores resultados. Mi pregunta es, entonces, ¿de qué nos servirá tener la mitad de mujeres en la Asamblea Legislativa?”, afirma.

En este contexto, movilizaciones como Machistas fuera de la lista cobran especial importancia. En marzo de 2015 se llevarán a cabo las elecciones municipales y departamentales en Bolivia. Es por ello que, como afirma Ybarnegaray, la campaña aún no termina. Quienes se postulen estarán bajo la lupa de un movimiento que demostró su capacidad de incidencia tanto en las listas de candidatos/as como en la opinión pública y que con seguridad le dará aún más peso a las propuestas en materia de derechos de las mujeres y de otros sectores sociales en el debate electoral.

“Nuestra intención es, fundamentalmente, posicionar en la agenda pública temas relacionados con derechos sexuales, derechos reproductivos, así como derechos de las personas LGBT, que además son nuestras aliadas. No va a haber ningún cambio en las políticas públicas si no hay una exigencia desde la sociedad civil. El Estado debe responder en alguna medida al sentir de la gente. Mientras la sociedad no se despierte, se levante y exija, no dé muestras de que estos temas son importantes para ella, los gobiernos no van a hacer absolutamente nada. Sin embargo, hay algo que se está moviendo en Bolivia y eso genera satisfacción. Una satisfacción que responde más a lo que ocurre en la sociedad civil que en el Estado”, puntualiza.

Fuente: CLAM