10. EE.UU.: La nueva ley contra la violencia de género promueve un cambio en la cultura política

Una ley ampliada sobre violencia contra las mujeres, que contiene nuevas provisiones para proteger a víctimas migrantes, indígenas y mujeres de la comunidad de diversidades sexuales (LGBT por sus siglas en inglés), fue adoptada por el gobierno de los Estados Unidos el pasado 7 de marzo.

«Lo que se cambia con esta ampliación no son solamente las reglas, cambia la cultura», dijo al firmarla el presidente de este país, Barack Obama.

«El clima cultural ha cambiado por la presión social sobre atención a migrantes y la presión de las comunidades LGBT sobre sus derechos», dijo Margaret Thompson, activista feminista que enseña género y comunicaciones en la Universidad de Denver, estado de Colorado.

«Pero el principal cambio de cultura que se necesita para poner fin a la violencia contra las mujeres se refiere a la desigualdad entre hombres y mujeres y eso incluye la violencia, pero va más allá para expresarse en el reconocimiento, la valoración y la igualdad en todos los derechos», concluyó Thompson, tras señalar que, de cualquier manera, la ley viene a aportar aspectos importantes.

La norma adoptada autoriza una nueva financiación, aun cuando se han anunciado recortes presupuestarios en casi todos los programas nacionales; la elaboración y distribución de un número mayor de equipos (kits) de violación, que es un recurso mediante el cual el personal que atiende a las víctimas de ese delito puede hacer las pruebas correspondientes.

Contempla además la elaboración de un registro nacional de evidencia forense y fortalece las regulaciones sobre tráfico de personas. Contiene y vuelve a adoptar la también vencida Ley de Protección de Víctimas de Tráfico, adoptada en 2000 y vencida en 2011. Contempla el tráfico como un crimen Federal en el país, que puede ser perseguido internacionalmente y juzgado nacionalmente en corte federales.

Amplía la cobertura de servicios a sobrevivientes de violencia doméstica, de tal forma que no permite la discriminación por opción sexual, estado migratorio e identidad étnica. Independientemente del estatus legal de nacionalidad o país de origen, los servicios de albergues, líneas telefónicas de emergencia y otros apoyos deben ser impartidos a cualquier víctima.

Thompson dijo que la ley es significativa, sobre todo, porque autoriza la jurisdicción de las tribus indígenas sobre personas no indígenas que ejerzan violencia doméstica contra indígenas, lo que significa que las leyes y las autoridades de poblaciones autóctonas pueden juzgar esos crímenes dentro de sus reservas.

«Algunos Republicanos han expresado oposición a la ley sobre bases racistas, sosteniendo que ahora los hombres blancos pueden ser juzgados por hombres que no son sus iguales, lo que evidencia el profundo racismo que existe en nuestra sociedad», expresó.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, 86 por ciento de los casos de violencia doméstica contra indígenas son perpetrados por no indígenas. Además, las mujeres indígenas en este país experimentan los más altos índices de violencia doméstica.

Datos de esa dependencia dan cuenta de que al menos la mitad de las mujeres indígenas han sido violadas, golpeadas u hostigadas por sus parejas y que en algunas de las reservaciones ellas han sido asesinadas en una proporción 10 veces mayor que el promedio nacional general.

Las estadísticas generales de violencia también son alarmantes. Según la Asociación de Mujeres Jóvenes Cristianas, casi 2.600 mujeres han sido asesinadas en el país producto de violencia doméstica y asaltos sexuales entre 2011 —cuando se presentó la propuesta de Ley— y la fecha, cuando al fin el Congreso la ha adoptado.

La asociación de mujeres señala que ese tipo de violencia afecta a todas las mujeres y llena a diario las salas de emergencia de hospitales, centros de salud y morgues en el país, además de mantener a muchas de ellas fuera de su trabajo por enfrentar violencia en sus hogares y centros de trabajo, y aterrorizar a la niñez en cada hogar.

La ley original sobre la violencia contra las mujeres había sido adoptada en 1994, pero dejaba fuera provisiones especiales para grupos que ahora están protegidos con la nueva versión.

La normativa como tal había vencido en septiembre de 2011 y, para volverla a adoptar, las nuevas provisiones incluidas habían encontrado la resistencia por parte de algunos de los Republicanos en la Cámara de Representantes, hasta que se vieron presionados a sumarse, dada la abrumadora mayoría que apoyó la adopción finalmente (286 a favor y 138 en contra).

Fuente: AmecoPress.