11. Chile: El Sida y la cárcel en el día de los derechos humanos

Por Leo Arenas/ La lucha de las Personas Viviendo con VIH y de las organizaciones de la sociedad civil respecto del VIH/Sida ha sido con la finalidad de poner en el centro de la discusión el tema de los Derechos Humanos, desde la exigencia de que el estado proporcione medicamentos como por la transversalización de las políticas públicas con temas como Diversidad Sexual, No Discriminación y Educación Sexual.

La centralidad del respeto a los Derechos Humanos ha estado desde los inicios de la respuesta internacional al VIH. En junio de 2006, a cinco años de la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre SIDA en donde se proclamó la «Declaración de Compromiso: Crisis Mundial – Acción Mundial» y reunidos para conocer de los progresos realizados en el logro de la metas comprometidas, los Jefes de Estado y de Gobierno, luego de tres días de trabajo y en forma unánime aprobaron una nueva «Declaración política sobre el VIH/SIDA», en la que reafirman «… que la plena realización de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos es un elemento fundamental de la respuesta mundial a la pandemia del VIH/SIDA, sobre todo en las esferas de la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo, y reconocemos que hacer frente al estigma y la discriminación también es un elemento fundamental en la lucha contra la pandemia mundial del VIH/SIDA…».

Así también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONUSIDA nos recuerdan que «…el interés de la salud pública no se opone a los derechos humanos. Al contrario, está demostrado que cuando se protegen los derechos humanos, menor es el número de las personas infectadas y aquellas que viven con el VIH y sus familias pueden hacer frente al VIH y el SIDA, de una mejor manera…» más cuando el último Informe Mundial sobre la Situación del VIH estima que la población que vive con VIH es de 33 millones de personas, y si bien han habido avances en la disminución de las nuevas infecciones entre 2001 y 2007 (de 3 millones a 2.7 millones), las personas fallecidas aumentaron en el mismo período (de 1.7 millones en 2001 a 2 millones en 2007). Las mujeres representan la mitad de la población que vive con VIH y las/os jóvenes entre los 15 y 24 años representan el 45% del total de las nuevas infecciones en todo el mundo.

Pero tan significativos números son también los de la población penal, que en doble proceso de exclusión (por ser presos y por ser pobres) no están en la agenda pública de la respuesta del VIH. Más de 10 millones de personas se encuentran privadas de libertad y cerca de 30 millones de personas circulan por las prisiones a lo largo de un año en todo el mundo. En Chile, las cifras alcanzan un total de 51.244 personas en el sistema cerrado, lo que representa una tasa de prisionalización de 305 por cada 100.000 habitantes, ostentando el dudoso privilegio de ser el país con mayor tasa de población encarcelada de la región.

Las cifras de los estudios internacionales revelan que, en forma mayoritaria, los datos de prevalencia al interior de los recintos penitenciarios es más alta que la prevalencia en la población general, es así como en Chile, tenemos un 1.9% de prevalencia en el ámbito carcelario, mientras que en la población general es de 0.05% de acuerdo a los estudios del Ministerio de Salud.

Y aunque las personas privadas de libertad son beneficiarias/os del sistema público de salud que garantiza acceso a medicamentos a toda la población, no es menos cierto que la población penal está sometida a un ambiente que la hace altamente vulnerable a la epidemia del VIH como a otras enfermedades infecto-contagiosas.

Las principales causas de la diseminación de enfermedades son conocidas y reportadas en cada informe que realizamos quienes trabajamos en el medio carcelario y las pocas Instituciones de Derechos Humanos que incorporan a la población penal en su trabajo: el hacinamiento, las malas condiciones de habitabilidad y la falta de acceso a condiciones de luz natural y ventilación. Se suma a esto, variando en cada país, la violencia física y sexual al interior de los recintos penitenciarios, la carencia de información acerca de las formas de transmisión y prevención del VIH y las prácticas sexuales desprotegidas, ya que el acceso a preservativos no es ofrecido en forma sistemática.

Una práctica común y que no tiene asidero científico fue el testeo del VIH a toda la población penal (idea que ha sido reflotada por algunos parlamentarios ante la situación de no notificación de los casos positivos en el Hospital de Iquique) y que encuentra en la Ley Nº 19.779 un resquicio para que no cumpla la obligatoriedad de la consejería y voluntariedad del Test de VIH y la confidencialidad del resultado de dicho testeo. La otra práctica, es la segregación espacial debido a su condición serológica. Esta práctica que puede entenderse como producto de la ignorancia al inicio de la epidemia, hoy resulta perjudicial para la persona que vive con VIH, en cuanto se ve discriminada y sin acceso a los beneficios que tiene la población penal en el ámbito educacional, laboral y de capacitación.

La Comisión de Expertos que ha convocado el Ministro de Salud para asesorarlo en mejorar el Programa Nacional de VIH (siendo la mayoría profesionales de la salud) tiene la oportunidad de poner el énfasis en la protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables, haciendo hincapié que el estado debe asegurar a la población penal acceso a la información y educación sobre la prevención del VIH, a los medios de prevención como preservativos, prohibir las pruebas obligatorias y respetar la confidencialidad de la situación de salud de cada una de las personas privadas de libertad.

Artículo publicado en El Mostrador.

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