13. En Colombia el Congreso aprueba medidas que violan derechos humanos

Adital – El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice), divulgó ayer (17), un comunicado en el que rechaza iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso de la República de Colombia. El lunes (15) los representantes aprobaron la modificación del Código de Procedimiento Penal sobre el principio de oportunidad. El día siguiente (16), fue la oportunidad de la aprobación del «Estatuto de las víctimas».

De acuerdo con el Movice, el proyecto de ley del «Estatuto de las víctimas» presenta problemas graves en relación con la violación de los derechos humanos, como por ejemplo, el desconocimiento de la existencia de víctimas de delitos de Estado. Según la entidad, el texto aprobado afirma que recibirán asistencia, ayuda humanitaria y reparaciones establecidas por ley, personas que sufrieron daños causados por agentes estatales y que tuvieron su situación reconocida en sentencias judiciales.

La entidad también destaca el hecho de que el proyecto de ley ignora la prevalencia de la restitución como medida de reparación ante el despojo de tierras y del patrimonio de las víctimas. «La ley excluye la posibilidad de que exista restitución de bienes inmuebles y favorece la indemnización y otras formas de reparación ante el despojo de tierras, con lo que desconoce los derechos de los 3 millones de desplazados y reafirma la consolidación de un modelo económico basado en el despojo violento de tierras a campesinos, indígenas y afrocolombianos», explica.

Además, de acuerdo con el Movice, el texto del «Estatuto de las víctimas» desconoce las diferencias «entre los servicios sociales del Estado, las medidas de reparación y las medidas de asistencia humanitaria».

El comunicado explica que las medidas de reparación son consecuencia del reconocimiento de la responsabilidad estatal por el no cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos. Por su parte, las medidas de asistencia humanitaria son sólo ayudas y servicios que el Estado debe ofrecer ante situaciones de emergencia. Los servicios sociales, a su vez, son mecanismos que buscan superar situaciones de exclusión social y de pobreza. «Igualar estos tres conceptos constituye una ofensa a las víctimas, porque con él se desconoce su condición de sujetos políticos y de derecho y, además, se niega la responsabilidad del Estado en materia de reparación», opina.

La entidad resalta además que la modificación del Código de Procedimiento Penal sobre el principio de oportunidad representa un nuevo mecanismo de impunidad. «Este nuevo mecanismo de impunidad es parte de un marco jurídico, encabezado por la ley 975 de 2005, que establece un procedimiento de aparente y simulada justicia para impedir que los delitos sean juzgados por la Corte Penal Internacional o por otros tribunales internacionales», comenta.

Finalmente, el Movice reafirma su decisión de continuar el trabajo en defensa de los derechos humanos en el país y hace un llamado a la Corte Constitucional para que «reconozca que estas leyes son contrarias al orden constitucional colombiano y, como consecuencia, declara su inexequibilidad».

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com