14. Argentina: En Mendoza piden retirar los símbolos religiosos en dependencias del Estado

Una entidad mendocina que se creó el año pasado con la finalidad de defender “los valores del libre pensamiento”, la asociación civil “20 de Setiembre”, realizó una tarea en los últimos días de 2009 que promete trasladar a Mendoza y toda Argentina, un profundo debate que ya se está dando en las naciones europeas.

Para estos días, sus impulsores aguardan que se cumplan los plazos legalmente establecidos para que diversas dependencias públicas respondan una nota que fue dejada en sus mesas de entrada. La misiva, requiere que informen “cuál es el marco legal en que se sustentan, a los fines de introducir símbolos religiosos en los edificios públicos”.

Una nota de idéntico tenor ya está en manos de los responsables de la Fiscalía de Estado, ambas cámaras del Poder Legislativo, en el Poder Judicial, el Departamento General de Irrigación, la Dirección General de Escuelas, el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la provincia.

Se ha naturalizado encontrar en los despachos de funcionarios públicos, de quienes imparten justicia o bien en espacios comunes de dependencias del Estado imágenes religiosas. Sin embargo, desde la entidad dudan que haya alguna legislación que así lo establezca y sospechan que la presencia de este tipo de elementos –que condicionan a quien no los comparte, ya sea por profesar creencias diferentes o bien, por no sostener religión alguna- tiene más que ver con una impronta personalísima de los funcionarios.

Para despejar sus inquietudes decidieron, entonces, que cada poder del Estado y cada organismo independiente o descentralizado responda, por escrito, en qué se basan para permitir esta “invasión” de un espacio que, se entiende, debería estar despojado de influencias místicas.

En todo caso, se sostiene que las creencias personales de quienes son parte del Estado deben quedar fuera de los espacios que ocupan temporalmente, ya que el Estado no tiene por qué contagiarse de las creencias de quienes pasan por sus cargos de decisión, y debe respetar, afirman los reclamantes, a la ciudadanía en su conjunto y en su diversidad.

Marcelo Puertas es el titular de la entidad. Quiso ser lo más claro posible al referirse al tema, ya que “lo que menos nos interesa es el enfrentamiento; buscamos claridad”, dijo.

Para Puertas, “quien tenga una creencia política o religiosa, debe tener garantías para su práctica en la intimidad o en los locales destinados a ello”. Por lo que, además, graficó: “No sólo pensamos que en un despacho público no tiene que haber un crucifijo, por ejemplo, sino tampoco un cuadro que denote e imponga ideología alguna… cosa que trasunta hasta una foto de alguna señora ligera de ropas pegada en un vidrio o alguna pared”.

Puertas, en tanto, frente a la posibilidad de que el Estado impulse el “ecumenismo” o bien, el acercamiento entre ideas religiosas diversas, se manifestó también de manera negativa. “No estamos de acuerdo con que se trate de lugares ecuménicos, porque se estaría discriminando a quien no cree en ninguna de las religiones”, sostuvo.

En Europa, por estos meses, se da un debate similar. La Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo determinó que la presencia de crucifijos en las aulas constituye “una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones” y “una violación de la libertad religiosa de los alumnos”.

Mientras que el Vaticano manifestó su “estupor” por este fallo y consideró que “es equivocado y miope querer excluir a la religión de la realidad educativa”.

En España, el Tribunal Superior de Justicia ordenó que se retiren los crucifijos de las aulas en las escuelas en donde así lo hayan pedido los padres de los alumnos.

La resolución que obliga a quitar los símbolos religiosos de los espacios públicos considera que “la neutralidad de las autoridades públicas no afecta a la libertad de religión, pero constituye un requisito previo necesario para el pluralismo de la sociedad en general”.

Así, Europa podría llegar a establecer que “los símbolos religiosos no se deben exhibir de forma obligatoria en los locales utilizados por las autoridades públicas, mientras que debe garantizarse plenamente la libertad de uso, porte o exhibición en recintos privados, como los domicilios, los lugares de culto o las escuelas religiosas”.

“No estamos en contra de la religión, para nada”, dijo Puertas de manera contundente y explicó que en la asociación “20 de Setiembre” hay “personas que son fieles de diversas religiones, en su mayoría cristianos, pero que lo son en su vida personal, familiar y privada y entienden que no hay por qué contagiar todo lo que tocan de sus propias creencias, ya que no están inseguros de su fe”.

¿Se terminarán los crucifijos que presiden los estrados judiciales, por ejemplo?

En la justicia hay muchos crucifijos, es cierto. Se trata de un acto de imposición autoritaria. Pero también lo es la cruz que está en el recinto de sesiones de la Legislatura. El argumento que suelen dar es insólito: dicen que la puso un ordenanza por idea propia, pero nadie atina a quitarla de allí, que es un espacio de todos.

¿Por qué cree que no las quitan, aun cuando en privado admiten que se podría tratar de un abuso?

Definitivamente, no es porque sean muy devotos, sino porque le tienen miedo a la reacción de la Iglesia como institución. Pero hay algo que está claro: a nadie le hace falta tener una cruz en el despacho para sostener su fe.