17. Latinoamérica: La desigualdad entre hombres y mujeres sigue en pie

Los avances para lograr la igualdad de género y garantizar el pleno ejercicio de los derechos para las mujeres y las niñas en América Latina y Caribe, no se han traducido en mejoras vitales y cotidianas; la desigualdad y el machismo siguen en pie.

Lo más sorprendente es que se han cambiado leyes, hay programas y políticas públicas, avances en los derechos sexuales y reproductivos, pero el tema más atrasado es el que se refiere a la mujer y los medios de comunicación. Por eso es lento el cambio de actitudes y la necesaria revolución cultural.

Así lo da a conocer el informe «A 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing: objetivos estratégicos y esferas de preocupación», realizado por el Comité de ONG de América Latina y el Caribe para laComisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) y coordinado por la presidenta de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer (Argentina), FEIM, Mabel Bianco.

El documento que se distribuirá en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas sobre la Mujeres (marzo 9-19) en Nueva York y contó con aportes de casi 100 organizaciones feministas y de mujeres en la región.

El texto explica que la esfera de preocupación menos atendida por los gobiernos de América Latina y el Caribe es «La mujer y los medios de difusión», ya que ellas no tienen acceso a la generación de contenidos y a la toma de decisiones en los medios.

Además, la difusión de contenidos estereotipados sigue predominando fuertemente en la región. El informe señala que «en tanto los Estados sean indiferentes a esta situación, la desigualdad estructural en la región no podrá eliminarse».

La esfera de «la niña» tuvo muy pocos avances. Problemas como el aumento de embarazos en adolescentes y el abuso sexual infantil son constantes en la región y no hay políticas claras que ayuden a combatirlos. Además, en algunos países latinoamericanos, la edad de casamiento permitido es menor a 18 años, cuando el Comité de los Derechos del Niño plantea esa edad.

En relación con «la mujer y la salud», persisten grandes problemas de acceso a la salud sexual y reproductiva, sobre todo para mujeres indígenas, afrodescendientes, adolescentes, mujeres con capacidades diferentes, migrantes y las que viven con VIH.

Varios países han implementado planes y programas específicos de salud sexual y salud reproductiva desde el año 2000, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Nicaragua y República Dominicana. Sin embargo, no se logra una cobertura integral y homogénea al interior de cada país.

La mortalidad materna no ha disminuido, según las metas propuestas, y la mayoría de esas muertes son evitables. En Brasil, Perú y Nicaragua, la tasa continúa alta. En la mayoría de las naciones no disminuyó ni logró reducirse en dos tercios, como era el propósito para 2015. El menor logro se registró en Argentina y México, mientras que Uruguay, Puerto Rico y Chile consiguieron descenderla.

Las restricciones al acceso al aborto permitido por la ley continúan e incluso en algunos países se restringió más el acceso al aborto. En Chile, Nicaragua, Honduras, El Salvador y República Dominicana la interrupción del embarazo está prohibida en todas las circunstancias.

En México, en muchas de las entidades federativas, hubo cambios desfavorables después de la legalización en el Distrito Federal en 2007. En algunos países se eliminaron algunas causales de su despenalización, como en Guatemala y Ecuador.

El éxito más importante en la región es el de Uruguay, que en 2012 modificó el marco legal, amplió la exención de la pena hasta las 12 semanas de gestación y generó servicios legales de aborto en el sistema nacional integrado de salud. Puerto Rico, Cuba, Guyana Francesa, Guyana y Barbados son los únicos países de la región donde el aborto está legalizado en todas las circunstancias.

Adicionalmente, han aumento los casos de mujeres que viven con VIH. Las adultas representan el 31 por ciento de las personas viviendo con VIH, indicador que en el Caribe asciende a 53 por ciento.

La «violencia contra mujeres y niñas» persiste como un problema en aumento. La mayoría de los países tiene legislación que reconoce la violencia contra las mujeres. Sin embargo, muchas de las definiciones sobre violencia que establecen no concuerdan con la Convención de Belem do Pará, que define violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

La tipificación y homologación del feminicidio sigue siendo un desafío, pese a que América Latina es la segunda región con índices más altos de muertes de mujeres por violencia, tanto en el ámbito rural como en el urbano.

En Centroamérica y México el feminicidio se ha incrementado: entre 2003 y 2012 hubo 12.178 casos en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Tan solo en El Salvador se reportan 194 crímenes de mujeres en 2004 y en México se contabilizaron 1.221 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 12 entidades del país, entre 2007 y 2008.

El acceso a la justicia es una deuda en los países de la región, para las mujeres que viven y padecen violencia. Pese a los avances legislativos, en la realidad no tienen garantizada la reparación y castigo a los culpables. México y Guatemala han sido denunciados por eso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La trata con fines de explotación sexual se ha incrementado. En República Dominicana se estima que en los últimos 20 años se han traficado más de 70.000 mujeres.

En cuanto a la esfera de «mujer y pobreza», si bien ha disminuido en los países de la región, no ocurre lo mismo con la desigualdad. La participación laboral de las mujeres continúa siendo en el sector informal, en trabajos precarios, mal pagados y sin cobertura de la seguridad social, con un gran predominio en el trabajo doméstico. La brecha salarial entre mujeres y hombres persiste.

El documento asegura que, en ningún caso, se advierte una preocupación explícita por la dimensión e impactos de género de las medidas adoptadas y la feminización de la pobreza sigue creciendo.

Según cifras de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de 2013, la pobreza se incrementó en los hogares con jefas mujeres: 43 por ciento de los hogares indigentes y 38 por ciento de los hogares pobres en América Latina están a cargo de una mujer.

El reto es instrumentar políticas públicas que apunten a asegurar la autonomía económica de las mujeres y a implementar acciones respecto al tema de la distribución desproporcionada del uso del tiempo y trabajo de cuidado.

Respecto a «educación y capacitación de la mujer» en zonas urbanas y rurales, las indígenas tienen menor porcentaje de finalización de la educación primaria, excepto en Uruguay en las zonas rurales. Hacia 2010, en República Dominicana, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas persistían disparidades de género significativas en relación con la menor escolarización primaria de las mujeres.

Si bien se han reducido las tasas de analfabetismo en la región, esta sigue siendo una de las situaciones de exclusión más graves que aún afrontan las sociedades. Bolivia es el país con mayor desigualdad de analfabetismo según género.

Sobre educación terciaria y superior, solo Argentina, República Dominicana y Uruguay aportan datos de los últimos cuatro años sobre la terminación del ciclo superior. En estos tres países las mujeres superan a los hombres en culminación del nivel terciario.

En cuanto al tema «mujer y conflictos armados», hay que recordar que en América Latina surgieron diferentes conflictos armados en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Perú y Colombia. Esto exacerba la violencia de género, amplificando su impacto diferenciado en la mujer y recrudeciendo su situación de discriminación. La violencia sexual como táctica de guerra también ha estado presente en la región, particularmente contra mujeres indígenas.

Además, el contexto regional de inseguridad, militarización y debilitación del Estado, con la protección e impunidad del narcotráfico, las corporaciones y los paramilitares, aumentó la vulnerabilidad de los derechos humanos de las mujeres, que corren el riesgo de sufrir amenazas y ataques violentos.

En México, la lucha contra el crimen organizado ha incrementado la violencia contra ellas y ha generado desplazamientos internos que las afectan de manera particular.

«La mujer y la economía» es otra esfera de preocupación. En la última década, las mujeres elevaron su participación laboral, pero persisten las brechas de género estructurales en el mercado laboral. La tasa de desocupación sigue siendo mayor. El trabajo de las mujeres aún se concentra en los servicios y el comercio y tienen los menores niveles de productividad, ingresos y protección social.

En materia de servicios de cuidado, ha crecido la discusión sobre su extensión, en particular de cuidado de niños y niñas. Los países más avanzados son Uruguay, Costa Rica y Ecuador.

Respecto a «la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones», la participación femenina en la vida política y en el acceso a los cargos públicos ha aumentado considerablemente en los últimos años.

En el caso de los poderes legislativos, se observa un avance notable en su participación política. Sin embargo, la paridad sigue pendiente por las dificultades para la plena implementación del cupo, debido a diversas barreras culturales, sociopolíticas y regulatorias.

Este principio fue incorporado en la Constitución de Bolivia (2009), en Ecuador (2008), en el Código Electoral de Costa Rica (2009) y en la Constitución de México (2014), donde ya 11 entidades federativas incluyen la paridad en sus marcos electorales estatales.

En lo que se refiere a los «mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer», la realidad en la región muestra que las jerarquías y rangos de estos mecanismos institucionales han sido diversos y no tienen suficiente fuerza para incidir en políticas públicas a favor de la igualdad, además de que cuentan con poco presupuesto para funcionar adecuadamente.

Los avances en la región respecto a «los derechos humanos de la mujer» no se traducen en mejoras en la vida cotidiana. Todos los países de América Latina y el Caribe ratificaron tanto la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), como la Convención de Belém do Pará.

Pero los mecanismos de implementación de esos documentos rectores aún son escasos. En general, los avances más notables han sido, sobre todo, las leyes integrales de violencia contra las mujeres y la creación de mecanismos judiciales o extrajudiciales.

La situación de las personas defensoras de derechos humanos muestra que las mujeres son más propensas a sufrir amenazas, muertes y tentativas de muerte, especialmente en Colombia, México, Guatemala, Brasil, Honduras y Perú.

Finalmente, en lo que se refiere a la esfera «la mujer y el medio ambiente» el informe señala que, pese al rol clave que ellas desarrollan en la gestión del agua, la perspectiva de género sigue ausente de las legislaciones, las políticas públicas y los programas relacionados con los recursos hídricos.

En pocos países de la región se han adoptado estrategias nacionales de desarrollo sustentable, en los que la transversalización de género está casi ausente, con excepción de Costa Rica, Uruguay y México.

Este informe refleja lo observado por las organizaciones de mujeres y feministas, que se traducirá en recomendaciones como una contribución para los debates de la sesión de la CSW en marzo de 2015. Allí, además de los problemas visibilizados en Beijing en 1995, se agregarán otros que urge considerar de cara a la agenda de desarrollo posterior a 2015.

Fuente: AmecoPress