Balance Regional 2008: Salud Reproductiva
“Lo importante es el desafío, que se le ha planteado al sistema de salud sobre la incorporación de los asuntos y los derechos de las personas LGBTI”
Ciudadaníasx: Los derechos sexuales como parte de los derechos humanos, la lucha por la legislación y nuevas normatividades han presentado avances en el ámbito mundial, tanto en la ONU como en algunos países incluyendo Colombia y en otros países en lo relativo a no discriminación por orientación sexual y los derechos de las parejas del mismo sexo. ¿Cuáles serían los avances y nudos en este sentido?, ¿Será que finalmente la lucha por la legislación o lo que se llama la “positivización del derecho”, es parte del camino para mayores avances?
Alejandra Sardá, de Mulabi, reconoce que este es juntamente con el aborto uno de los terrenos de mayor disputa en este momento, tanto en el plano internacional como a nivel nacional, donde se están confrontando visiones diferentes acerca de la autonomía decisional de las personas en cuanto a su sexualidad y del rol que le corresponde a las instituciones como la iglesia, familia y estado, sobre todo, en este aspecto.
Para la argentina Sardá, ese sería uno de los “nudos”. Por otro lado, dice que se está produciendo una polarización muy intensa en torno a este tema -sobre todo en el plano internacional- que se inscribe en el desafortunado “choque de civilizaciones”, entre los supuestos estados progresistas y respetuosos de los derechos individuales como la Unión Europea y los aspirantes a integrarla, América Latina, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, además Japón, Corea del Sur o Tailandia y los supuestos estados retrógrados y avasalladores de la individualidad sexual en nombre de la religión y la tradición (África, Asia, el Caribe angloparlante, el Pacífico). Ese mismo alineamiento se observa a nivel nacional -sobre todo en América Latina- entre los sectores “progresistas” y los “conservadores”. En ambos planos, la suerte de los derechos ligados a la diversidad de elecciones de objeto sexual está cada vez más atada a la de quienes los han adoptado como bandería política, ya se trate de los gobiernos “progresistas” sudamericanos o del ala “pro-derechos individuales” de Naciones Unidas.
A nivel nacional, se están logrando avances legales que siempre son bienvenidos y ayudan a que las sociedades se vayan familiarizando con la idea de una diversidad de preferencias sexuales merecedoras de respeto. El gran avance -en América Latina- ha sido cultural: más allá de la virulencia de las reacciones conservadoras, es cada vez mayor el consenso social (al menos urbano) en cuanto a que las relaciones homosexuales entre personas adultas que obren de mutuo consentimiento no son un pecado ni un delito sino una expresión más de la diversidad humana.
Marcela Sánchez Buitrago, Directora de Colombia Diversa, recalca que los avances tienen que ver con equiparación de derechos de las parejas y por tanto garantías para la igualdad. El camino judicial en Colombia ha sido estratégico en ese sentido, porque ha apuntado a iguales derechos y no leyes especiales, quizás con riesgos de menos garantías, para grupos especiales, que son las que pueden discutirse en ambientes políticos y legislativos. Paradójicamente los nudos tienen que ver con eso mismo. Es decir, a primera vista, la estrategia de la equiparación, toma como modelo la heterosexualidad y la pareja como apuesta y por tanto no las cuestiona, aunque muchas veces el modelo es tan heterosexista que la sola ampliación de beneficios, antes privilegios, de la heterosexualidad a nuevas poblaciones, puede entenderse como un debilitamiento de ese modelo. Ese debate continúa abierto.
Por otra parte esta estrategia ha implicado y no solo para América Latina, que los avances normativos, hagan parte de un proceso progresivo. Otros nudos tienen que ver con los argumentos en los cuales se han basado los fallos judiciales y las posturas que están a la base de ellos: la igualdad, la libertad y/o la dignidad y lo que posibilitan a futuro para nuevas estrategias, no solo para los derechos de lesbianas, gays, bisexuales travestis, intersexuales, transexuales, sino para otras poblaciones cuyas ciudadanías son de segunda y tercera. La igualdad aunque a simple vista no parece, cuestiona el modelo. Aunque se usa para pedir reconocimiento de los mismos derechos a nuevas poblaciones y no es el argumento más usado. La libertad y la dignidad, al menos para Colombia han sido los fundamentos de la discusión, porque reconocer las diferentes opciones de vida o los mínimos vitales de una persona no cuestiona los privilegios de otras.
Finalmente, dice Sánchez, la positivización está bien para ser tomada como un paso inicial y necesario, sobre todo teniendo en cuenta que la discriminación más odiosa, tiene que ver con la desigualdad en la ley y que los efectos de esta desigualdad son evidentes para las personas que deciden libremente vivir en pareja y ésta es desconocida abiertamente por el Estado. Superado este primer nivel el movimiento deberá buscar nuevos derroteros y seguramente estrategias diferentes a la legal, para reconocer necesidades específicas y propuestas más novedosas.
Ciudadaníasx: Una de las estrategias para el avance en el reconocimiento de los derechos reproductivos, fue su integración conceptual dentro del discurso sobre el derecho a la salud. Actualmente, esta estrategia esta siendo empleada en la lucha por el logro de los derechos sexuales, en especial al plantearse que las mujeres, los hombres gays, las lesbianas y la población transgénero, ejercerán su ciudadanía, su libertad y autonomía al acceder a servicios públicos eficientes de salud. ¿Qué opinión le merece esta alternativa? ¿Le parece que debieran utilizarse estrategias diferentes que ayuden a tomar distancia de esta relación salud-sexualidad? ¿Cuáles y por qué?
Tim Frasca, de la Comisión Latina del Sida, EEUU, opina que para cualquier grupo marginado o discriminado, es esencial humanizarse frente a la opinión pública, convertir sus demandas y esfuerzos en narrativas de personas y trasladar el debate desde la abstracción de categorías (e.g. gays, transgéneros, morenos, musulmanes, discapacitados, inmigrantes, etc.) hacia individuos con emociones, luchas, parientes, sueños, amores e incidentes de vida inmediatamente reconocibles.
Dice que el desafío es lograr esta personalización sin caer en la individualización del cuadro discriminatorio hacia lo telenovelesco, que al final de cuentas conlleva a soluciones individualizadas en vez de colectivas. Para tales fines, levantar la demanda para servicios adecuados de salud fue y es una estrategia hábil, ya que todos tenemos que acceder a ellos y podemos empatizar rápidamente con lo que otras personas deben enfrentar. El ejemplo más dramático de la utilidad de esta estrategia, es el logro parcial de una simpatía hacia las personas viviendo con VIH o SIDA, muchas veces hombres gay. Aunque estas anécdotas se basaban en el drama de enfrentar una enfermedad -no en la problemática de la discriminación por orientación sexual- estas vidas nombradas y retratadas, inevitablemente incluían la vida sexual. El resultado fue una apertura hacia la homosexualidad en forma lateral e indirecta -aunque de ningún modo accidental.
Alejandra Sardá, reconoce que el problema central es que en la historia de los derechos sexuales como concepto tanto teórico como político se partió de parcialidades y la totalidad recién está siendo pensada ahora, y todavía no en su plenitud. Comenzamos hablando de “derechos reproductivos”, o de “derechos LGBT” mucho antes de pensar y hablar de “derechos sexuales” como concepto abarcativo y que se refiere a las relaciones entre la sexualidad en todos sus aspectos – identidad, elección de objeto/s, reproducción, integridad corporal, etc. Creo que es a través de fortalecer y difundir esta idea de derechos sexuales como corpus propio de conocimiento y de activismo político que se puede eludir la trampa de la salud como único canal “respetable” para presentar las demandas de derechos ligadas a la sexualidad. Lo que intenta decir el concepto de derechos sexuales es que la sexualidad es una parte integral del ser humano, tan innegable como su ser civil, político, social, económico, cultural y que por eso hay una serie de derechos y obligaciones que emanan de ella.
Marcela Sánchez, acota que se han utilizado estrategias diferentes a la relación salud-sexualidad, para trabajar los derechos sexuales. El abordaje salud-sexualidad sigue siendo limitado y poco estratégico no solo porque los asuntos LGBTI no se acotan en aquellos relativos a la sexualidad y/o la salud, aun en su sentido más amplio que trasciende la ausencia de enfermedad, sino que los prejuicios respecto a la diversidad sexual y de género en general, siguen clasificando las personas desde perspectivas como la enfermedad, el desorden, lo normal y sobre todo, despojan los asuntos de salud y sexualidad del engranaje cultural que los soportan. El fantasma de la medicalización y sus consecuencias todavía nos ronda.
Lo importante es el desafío, dice Sánchez, que se le ha planteado al sistema de salud y no solo a los servicios de salud, como es el de la incorporación de los asuntos y los derechos de las personas LGBTI. Desde la incorporación de estas personas en la administración del sistema, hasta un abordaje integral que considere las necesidades específicas de la población LGBTI que es despojada de su identidad de género o sexual para ser atendida desde un modelo heterosexista, androcéntrico y binario, pasando por el diseño de guías de atención adecuadas a esta población, ahora cada vez más visible para el sistema (incluida la afiliación al sistema en tanto parejas) y la formación del recurso humano en la educación superior.
Frasca, explica que la autoridad pública en materia de salud lentamente reconocía, en la mayoría de los casos, que la educación preventiva eficaz para la epidemia del VIH/SIDA, requería una postura por lo menos neutral hacia la homosexualidad como fenómeno social y hacia las prácticas sexuales específicas. De ahí se producían las campañas de ‘sexo seguro’ y varias iniciativas educativas entre pares, que partían de un reconocimiento implícito del mundo subjetivo de la cultural gay y en forma paralela, a otros mundos como el del comercio sexual y de los usuarios de drogas. Estos fueron avances significativos y se ve el resultado en la considerable apertura cultural actual en América Latina hacia la homosexualidad y las expresiones diversas de identidad de género. No obstante, existe el peligro de repetir lo conocido en vez de profundizar y extender los logros.
Para Frasca la necesidad de una perspectiva de ciclo vital en materia de la salud homosexual, en la estrategia de prevención del VIH y en muchos aspectos más. La enfermedad en sí no moviliza a nadie; sólo el deseo de participar con otros, con sus pares, en actividades colectivas gratas y llenas de significado. Pues aunque ciertamente fue urgente introducir nuevas normas protectoras dentro de los círculos gay para bajar las tasas de transmisión del VIH, nunca fue suficiente y veinte años después el repunte en las nuevas infecciones es una señal de eso.
Ciudadaníasx: En relación al trabajo sexual y el derecho que tienen las mujeres de hacer uso de su cuerpo, se dan avances en varios países, pero retrocesos en otros (por ejemplo, penalización y criminalización de su ejercicio). ¿Cuál sería su balance al respecto y qué hace falta para avanzar en los derechos sexuales de las trabajadoras sexuales?
Alejandra Sardá explica que este es uno de los temas en los que más difíciles resultan los avances y una de las razones principales es la división del propio movimiento feminista y de los movimientos de mujeres frente al tema, algo que no se da en ninguno de los otros temas “polémicos”. Si bien puede haber feministas que a título individual no se sientan cómodas con los gays y/o las lesbianas, difícilmente un movimiento feminista se pronunciará en público y hará campaña contra los derechos LGB. Ni hablar de la unanimidad en torno a los derechos reproductivos. Aquí, en cambio, me atrevo a decir que la mayoría de las feministas latinoamericanas consideran que no existe el “trabajo sexual” sino la “explotación sexual de las mujeres en situación de prostitución”, y su trabajo se orienta a una mayor y más efectiva penalización de quienes explotan a las mujeres (incluyendo a los clientes), así como al rescate de las explotadas.
Declara Alejandra, que este es un tema delicado porque quienes defienden estas posturas lo hacen a partir de su genuino compromiso con los derechos de las mujeres, aun cuando no comparta su mirada. Las pocas experiencias que ha habido de diálogo franco entre feministas y trabajadoras sexuales creo que marcan el camino que tenemos que recorrer, buscando consensos al menos en los temas más urgentes: la reivindicación de los derechos de las trabajadoras sexuales/mujeres (incluyendo travestis) en situación de prostitución a vivir libres de violencia y explotación, ya sea por parte del Estado o de particulares; la no penalización a las propias mujeres/travestis y el reconocimiento de su ciudadanía en cuanto a acceso a la salud, educación, vivienda y seguridad social. En mi experiencia, hay consenso con respecto a esos puntos. Y dada la situación urgente de violencia física, económica y social que viven las trabajadoras sexuales, incluyendo a las travestis, con eso alcanza por el momento.
Marcela Sánchez, reconoce que no es un tema en que el que tenga experiencia y mayor conocimiento. Particularmente en el caso de Colombia hemos iniciado un acompañamiento en acciones de denuncia y medidas legales para fortalecer las travestis trabajadoras sexuales, porque son las principales víctimas de muertes violentas, de abuso policial: violencia sexual, física y verbal, detenciones arbitrarias, incitación al abuso sexual, desconocimiento por parte de autoridades de sus organizaciones, tortura y de afectación de su dignidad, salud y vida cuando el sistema no reconoce sus necesidades de adecuación corporal y atención integral en salud. La situación de las mujeres trabajadoras sexuales y sus compañeras de calle, las travestis es incomparable, el grado de vulnerabilidad de estas últimas es evidente y amerita un análisis político distinto.
Ciudadaníasx: ¿Cuál sería su apreciación de los derechos de las personas transgénero, cuando su lucha por la identidad de género encuentra respuestas de violencia de toda índole que pueden llegar hasta el asesinato; donde el ejercicio de sus derechos en el ámbito privado es limitado, y escasamente se reconoce su condición ciudadana?
Alejandra Sardá plantea que las personas trans (travestis, transexuales, transgéneros, mujeres como hombres trans son uno de los colectivos más invisibilizados tanto por la agenda dominante de la “diversidad sexual” –que es gay y lésbica- como por la agenda feminista– que todavía se dirige casi exclusivamente a “mujeres nacidas mujeres”. Pero es también uno de los colectivos mejor organizados, más combativos y con propuestas más originales de nuestra región. Los ejemplos sobran en todos los países, pero especialmente quisiera destacar el trabajo de la Red Lac Trans, con referentes en toda la región. No es de extrañar (aunque por supuesto sí de lamentar) que su presencia y la reivindicación de sus derechos genere tanta violencia, ya que están cuestionando uno de los ejes estructurantes fundamentales de todas las sociedades: la división estricta entre sexos/géneros, que admite sólo dos posibilidades discontinuas y fijas, y rige en todos los planos (corporal, social, cultural, etc.).
Al activismo incesante y me atrevería a decir heroico de las personas trans les debemos que esta percepción tan rígida y en materia de sexo/género haya comenzado a cambiar, y se esté flexibilizando (al menos en las zonas urbanas y entre las generaciones jóvenes). El camino es muy largo, y entre los temas más urgentes a resolver se encuentra el de la marginalidad económica y social de las personas trans que las expone a toda clase de violencias y limita seriamente su capacidad de responder a ellas, así como la cuestión del reconocimiento legal de sus identidades sin requisitos que constituyen violaciones a los derechos humanos como la esterilización obligatoria.
Marcela Sánchez declara que, es el mayor desafío que enfrentan en este momento los movimientos que trabajan por los derechos humanos, sean ellos de mujeres o LGBTI. Por ser las personas que hacen más visible su identidad de género, las personas transgeneristas son las víctimas más frecuentes de los peores casos de violencia homofóbica que hemos registrado en los informes de Colombia Diversa, en los cuales hemos llamado la atención sobre la situación particular de la población travesti, sus condiciones educativas, de salud, laboral, familiares, de seguridad y su marginación social. Es necesario reconocer un estado grave de inconstitucionalidad porque se les están violando todos sus derechos y en Colombia, no se encuentra una respuesta adecuada Se requiere de medidas contundentes por parte de las personas transgeneristas mismas, del movimiento LGBTI, de los Estados y de la comunidad internacional.
Es importante que el movimiento LGBTI avance hacia el reconocimiento social, cultural y legal de las personas transgeneristas. Se hacen necesarias normas legales sobre identidad de género, de manera tal que se reconozca la especificidad de las personas trasngeneristas y no sigan siendo beneficiarias de leyes para hombres, mujeres, heterosexuales y homosexuales que ni las menciona, ni las excluye. Es decir, que las reconocen “implícitamente” de manera subsidiaria.