La diferencia en la participación política

Por Ximena Salazar

Asistir al Video Fórum “Mujeres, ciudadanía y política”, organizado por la Gerencia de la Mujer, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en donde proyectaron la película “Candidata al Poder” (The Contender, 2000), y que contó con los posteriores comentarios de Susel Paredes, Vanessa Laura y Laura Balbuena, ha suscitado la siguiente nota sobre participación política.

Los planteamientos de dos feministas Gayle Rubin y Joan Scott contribuyeron durante los años 80 a la conformación del campo de los estudios de género, que debían develar las relaciones de poder que fundan los sistemas de dominación de género. Ambas académicas construyeron los argumentos críticos a aquel feminismo que se fundamentaba en la diferencia como constituyente de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, evidenciando sus vínculos con sistemas de significado políticos. Ni “la mujer”, ni las diferencias entre éstas y los hombres constituyen esencias, más bien éstas representan construcciones, invenciones y procesos que se manifiestan en el orden discursivo. La subordinación de las mujeres es un fenómeno, tanto político, como social y el sistema sexo/género conforma los diversos dispositivos socio-culturales que asumen a las “mujeres” y a “los hombres” en dos categorías sociales excluyentes, la primera subordinada a la otra, pero tercamente son complementarias.

Con esta introducción queremos iniciar una discusión sobre la participación de las mujeres (sin esencializar el concepto) en la política del Perú:

En el Perú, el número de mujeres parlamentarias se ha ido incrementando en cada proceso electoral, luego de que la cuota de género se aprobara en la ley de elecciones de 1997 (Ley Nº 26859), que estipulaba que el 25% de las listas electorales debían de estar conformadas por mujeres, tanto para elecciones congresales, como municipales; este porcentaje se amplió a 30% en el año 2000, e incluyó la cuota para las elecciones regionales. Es un hecho que la cuota ha permitido elevar el número de mujeres electas, especialmente al parlamento; no obstante en otros niveles políticos son muchas menos las que llegan efectivamente al ejercicio de algún cargo, primordialmente regional, municipal o distrital. Tanto es así, que en las últimas elecciones se logró sólo el 4% de mujeres para el cargo de alcaldesa provincial, 3% de mujeres para el cargo de alcaldesa distrital y ninguna mujer para el cargo de presidenta regional. La razón radica en que, si bien se cumple con la cuota en las listas electorales, las mujeres son ubicadas en los últimos lugares, lo que no permite llegar a ser elegidas para ningún cargo. Es por ello que se ha propuesto establecer la alternancia de género en las listas de candidatura; propuesta que hasta el momento no ha tenido eco en nuestro poder legislativo.

Estos datos son concretos y permiten ver claramente la forma en que los políticos, le “sacan la vuelta a la ley”, porque, la verdad es que no se la toman en serio. Pero eso no es lo peor, y aquí vamos con la manifestación de la subordinación en el orden discursivo y simbólico que impide una mayor participación de las mujeres:

En primer lugar tenemos que reconocer que tenemos mujeres políticas valiosas ocupando cargos importantes, especialmente en la política nacional, fuera de si ellas forman parte o no de nuestras preferencias políticas individuales. Para ejemplos basta mencionar a Nadine Heredia, quien comparte, en la nueva “Encuesta del Poder”con su pareja –el Presidente del Perú- el primer puesto como la persona con mayor poder en la Nación y a la sazón presidenta del partido Nacionalista del Perú. Nadine Heredia ha sido, prácticamente, desde el inicio del gobierno nacionalista, sujeto de observación, escrutinio, crítica por parte de políticos/as, periodistas, analistas etc. porque no se ha limitado a cumplir con su rol de “Primera Dama” tal como se esperaba. Otra es Susana Villarán, Alcaldesa de Lima en ejercicio, quien ha sido, también, desde el inicio de su gobierno, sujeta, no sólo de observación, escrutinio y crítica, sino también de insultos como “Lady Vaga” o “Tía Pituca”, etc. (no hay espacio aquí para analizar discursivamente cada uno de estos insultos, pero solicitamos a los lectores que simplemente analicen qué significa “lady” o “tía” en el lenguaje cotidiano); hasta haber sobrellevado una revocatoria al cargo.

Es un hecho que las mujeres son “escudriñadas” hasta el hartazgo, cuando tienen poder, se apela a su cuerpo (para ello solicito observar las caricaturas de Alonso Nuñez sobre Ana Jara en El Comercio), a su carácter, a su edad, a su estética, a su vida privada, a su proveniencia, a su fucionamiento fisiológico y reproductivo, hasta su sexualidad. Tener poder y mantenerlo es, para las mujeres, una tarea difícil, por todas estas consideraciones. Las mujeres tienen que negociar permanentemente su ejercicio del poder. Y, en efecto, existe un doble estándar para juzgar a las mujeres y a los hombres en el terreno político.

Pero ¿qué pasa con la política regional, provincial y distrital, en la cual el ojo de la prensa poco se concentra; aquella política que no es vigilada por la ciudadanía, aquella que se desarrolla en regiones, provincias y distritos alejados de la capital? Pues allí no sucede otra cosa que el cotidiano acoso político [1]. Un estudio del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán demuestra el grado de acoso hacia las mujeres políticas a varios niveles de gobierno: A nivel regional de 150 autoridades políticas mujeres, 38 han sido acosadas, es decir un 25%, ¡1 de cada 4 autoridades políticas mujeres es acosada a nivel regional! A nivel provincial de 8 alcaldesas 5 han sido acosadas, de 409 regidoras 22 han sido acosadas, de 417 autoridades políticas provinciales, 27 han sido acosadas. A nivel distrital de 54 alcaldesas, 11 han sido acosadas. El estudio detalla que en la mayoría de los casos el agresor ha sido el alcalde (71%), seguido por regidores varones (48%), periodistas (24%), personal de la municipalidad (14%), un sector de la población (14%) y la familia (14%) y las expresiones de acoso se han manifestado a través de insultos, ocultamiento o negación de información, difamación sobre su patrimonio, menosprecio de su capacidad intelectual, difamación sexual y hostigamiento sexual, entre otros. Ello, de acuerdo al estudio, constituye una barrera para el ejercicio de los derechos de las mujeres y desequilibra el cumplimiento de las medidas afirmativas para la participación de las mujeres en política.

Un par de ejemplos cualitativos: en el mes de febrero de 2012, la regidora de Cotabambas (Apurímac), Ruth Paz Coricasa, sufrió una feroz golpiza, por parte del alcalde Guido Ayerbe Quispe, como represalia por haber sido acusado por ésta de abuso de autoridad y malos manejos. La regidora tuvo que ser hospitalizada. El caso, si bien ha sido judicializado, aún se encuentra “en revisión”. En enero de 2013 el regidor Helard Ñaupa, se expresó de forma insolente sobre la regidora Zarela Pineda Mazuelo diciendo “es mi hembrita”, al momento de conformar las nuevas comisiones ordinarias de trabajo. Al regidor Ñaupa se le “llamó la atención” por su actitud.

Poco de esto se sabe, poco sale a la luz, pero es necesario detener el acoso político. Para ello la REMANA (Red Nacional de Mujeres Autoridades del Perú) ha entregado al despacho de la congresista VeróniKa Mendoza un proyecto de ley contra el acoso político hacia las mujeres. Paralelamente el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha comunicado al Congreso de la República la modificación del Proyecto de Ley N° 590-2011-JNE, Ley del Código Electoral y Código Procesal Electoral, en materia de la cuota electoral de género, con la finalidad de que las mujeres que sean elegidas no sean relegadas a posiciones que les impiden acceder a puestos de poder. En esta propuesta las listas de candidatos deben presentar una alternancia de mujeres y varones hasta agotar el equivalente de la cuota electoral de mujeres.

Sin embargo junto con estas políticas, debemos cambiar mentalidades, ya que estas inequidades no sólo se condicionan por dispositivos socio-culturales y jerarquías de género, sino por prácticas discursivas que convierten a las mujeres en incapaces, débiles, intelectualmente limitadas; pero también peligrosas y “borrachitas de poder y a través de las cuales se redefine y disputa el poder político.

Sobre la autora: Ximena Salazar es Antropóloga y se desempaña como investigadora en la Unidad de Salud Sexual y Desarrollo Humano de la UPCH y en el Instituto de Estudios en Salud y Desarrollo Humano (IESSDEH)

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Notas

[1] Los actos que constituyen acoso político pueden ser amenazas a la integridad física, psicológica o sexual, o la de miembros de su familia, incluyendo las expresiones verbales en privado o en público, con o sin la presencia de la agraviada, comunicaciones escritas a través de cualquier medio empleado, la interceptación telefónica, el acecho personal por acción propia o de terceros, y el hostigamiento sexual”