Las políticas sobre las personas TLGB en el Perú: Límites y desafíos
Durante las últimas décadas, la implementación de una adecuada gestión pública dentro del Estado peruano ha representado un campo complejo y problemático debido a una serie de factores, los cuales no han permitido el diseño y la ejecución de políticas públicas que permitan enfrentar cabalmente diversas dimensiones de la realidad social peruana. Tanto en el ámbito normativo como en el nivel práctico, uno de los aspectos que más resistencias ha generado en este campo ha sido la sexualidad. Sin duda, este gran vacío muestra lo difícil que ha sido representar la sexualidad dentro de la historia de la gubernamentalidad peruana mediante la creación de una serie de políticas que aborden este tema desde un enfoque de derechos humanos como referente ético de la convivencia social dentro de una cultura democrática, y de esta manera, permitir a mujeres y hombres el acceso a servicios integrales y de calidad que satisfagan la demanda social.
Hace, aproximadamente, seis años, un grupo de activistas TLGB denunció la intervención dentro del proceso de promulgación del Plan Nacional de Derechos Humanos de algunos representantes de la iglesia católica, junto con otros del Consejo de Justicia Militar, la cual tuvo como fin recortar los importantes avances obtenidos durante la elaboración de la primera versión de dicho documento con respecto a los derechos humanos a favor de la comunidad TLGB. Esta intervención implicó la reducción de 19 acciones afirmativas a 4 y la incorporación de 2 clausulas restrictivas. Inmediatamente, muchos y muchas representantes del movimiento de derechos humanos protestaron enérgicamente contra aquello que representaba esta injerencia en el Plan, la cual había desconocido los mecanismos democráticos construidos en dicho proceso.
Frente a esto, la gran interrogante se constituye en la siguiente pregunta: ¿Por qué las y los funcionarios públicos han mostrado resistencias para incorporar la orientación sexual y la identidad de género dentro de la gestión pública en el Perú? Sin duda, esta cuestión no es desconocida en otros países de la región en los cuales los modelos estatales se resisten también a considerar estas categorías como un elemento vital de la creación de cualquier discurso público con base en los derechos humanos. Sin embargo, los últimos gobiernos peruanos han mantenido una actitud poco proactiva frente al problema en comparación con otros gobiernos de la región, como por ejemplo Argentina o Brasil.
Es decir, nos enfrentamos al hecho que el Estado peruano aún no asume su responsabilidad de crear una cultura política que integre las demandas de la población TLGB a través de la implementación de una ética y gestión públicas. A grandes rasgos, se pueden indicar como causas de esta situación dos factores: el primero es la falta de elementos de gestión, tales como planes, programas, lineamientos, estrategias e indicadores, que permitan una adecuada implementación de las normas; y el segundo es la ausencia de un cultura pública laica que garantice la creación de normas que velen por el cumplimiento de los derechos humanos de la población TLGB. Según las investigaciones y los análisis realizados, ambas causas están íntimamente ligadas.
Gestión pública y comunidad TLGB: la ausencia de herramientas
Uno de los factores relevantes en el análisis de esta problemática es la escasa o inadecuada implementación de las normas y políticas públicas existentes que abordan la problemática de la comunidad TLGB en el Perú. Aunada a la presencia de un discurso conservador que afecta la vida de las mujeres y los hombres, la incapacidad de implementar dichas políticas complejiza la situación. Ejemplos de ello, los podemos encontrar en las dificultades encontradas para la implementación de políticas públicas que incorporan de una u otra manera la orientación sexual y la identidad de género, tales como las diversas ordenanzas regionales o municipales, el Plan Nacional de Derechos Humanos y el Plan Nacional contra la violencia hacia la Mujer 2009-2015.
En términos generales, existen ciertas dificultades para su adecuado cumplimiento como la falta de difusión, la escasa capacidad de fiscalización, ausencia de voluntad política, barreras burocráticas, la falta de capacidad para denunciar por parte de los y las ciudadanas y la falta de mecanismos de asesoría. Todas estas debilidades están relacionadas con la ausencia de un plan operativo que permita la planificación e implementación de las acciones respectivas. De esta manera, es relevante indicar que usualmente dos hechos caracterizan esta realidad: la ausencia de un partida presupuestaria que permita la adecuada implementación y segundo la falta herramienta de gestión que operacionalicen los componentes de las políticas públicas.
Bajo esta ausencia de herramientas para implementar adecuadamente las normas y las políticas públicas que incorporan la orientación sexual y la identidad de género, subyace el intento reiterado por parte de los y las funcionarios públicos de invisibilizar las demandas de la comunidad TLGB y evitar su politización dentro de la escena pública peruana. Esta situación construye una de las maneras más claras de generar la exclusión y discriminación de las personas TLGB. En este sentido, debemos preguntarnos cuál es una de las causas para mantener estas resistencias en los gobiernos peruanos.
¿Una cultura laica de los derechos humanos?
La intervención eclesiástica dentro del mencionado Plan se enmarcó dentro de una serie de diversos acontecimientos que nos muestran algunas de las características más relevantes sobre cómo han sido asumidas la orientación sexual y la identidad de género dentro de la política peruana, en especial, en relación con la iglesia católica y con otras iglesias cristianas. Este ejemplo revela las principales características del debate nacional sobre el tema hasta la actualidad, de tal manera que mediante una rápida revisión de algunos acontecimientos, podemos observar la intervención de los discursos religiosos dentro de cualquier intento por parte de la sociedad civil de obtener una normativa que vele por el cumplimiento integral de los derechos humanos de la población, especialmente los referidos a la comunidad TLGB. Sin embargo, esta realidad no se presenta de manera aislada, sólo en los últimos años, hemos atestiguado algunos debates que reproducen esta situación, principalmente en el ámbito de la salud y la educación, como por ejemplo la resistencia a incorporar la educación sexual dentro de la currícula nacional, la negativa a distribuir la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), la errática política de prevención frente a la epidemia del VIH y la intervención directa en la Ley de Igualdad de Oportunidades.
Todos estos hechos son parte de la dificultad de pensar las demandas de las personas TLGB como un elemento fundamental de la vida política, y frente a ello, es imperativo desarrollar acciones concretas dentro de cualquier gestión pública que pretenda la salvaguarda de la dignidad y la libertad personal de cada ciudadano y ciudadana en el Perú. De manera clara, el vínculo original entre la iglesia católica y el poder en las sociedades coloniales, expresado en la constitución de un orden antropológico, influyó de manera definitiva en las relaciones de poder establecidas posteriormente, y en las posibilidades políticas de los actuales Estados. Dentro de este proceso, debemos mencionar una diferencia fundamental entre la historia del catolicismo en Europa en contraste con el del Estado colonial. Mientras en Europa, el surgimiento de la modernidad, alrededor del siglo XVI, implicó el inicio de una discreta separación entre los nacientes Estados y la iglesia católica (debemos recordar el surgimiento de la reforma protestante y la consecuente Paz de Augsburgo en 1555) que se desarrolló con mayor intensidad desde el siglo XVIII; en las colonias españolas, la misma estructura estatal estuvo basada en la organización eclesiástica, sus discursos y sus estrategias políticas. Sin duda, esta relación no estuvo excepta de tensiones y conflictos.
Por lo tanto, debemos partir del hecho que la iglesia católica es una fuerza política que afecta el carácter del Estado y de la ciudadanía. Estas dinámicas entre la iglesia y la política han influido en la historia del Estado peruano, permitiendo la continua injerencia de dicha iglesia en los actores políticos, en las acciones de los gobiernos y las políticas públicas, desde luego no sólo en el aspecto legal sino sobre todo en la construcción de las mentalidades. En este sentido, el carácter conservador del discurso de la iglesia católica ha afectado los procesos de inclusión y de participación política, tan claramente manifiesto en su negación a múltiples reivindicaciones sociales.
En estos tiempos, la jerarquía de la iglesia ha trasferido a los políticos laicos católicos toda la necesidad de mantener el statu quo, mediante una estratégica conciencia de la laicidad «como autonomía de la esfera civil y política de la esfera religiosa y eclesiástica _nunca de la esfera moral», la cual reproduce una sesgada visión sobre participación política, la autonomía y la libertad. Por ello, no es casual que el pontificado de Karol Wojtila haya privilegiado tanto al Opus Dei, erigiéndola prelatura personal del papado, si tomamos en cuenta que este grupo es básicamente una comunidad laical que participa de todos los espacios de poder. En particular, dentro de la política peruana la intervención de la iglesia católica, y también de otras denominaciones cristianas, ha configurado un campo de continua influencia donde el cuerpo y la vida son sometidos y expropiados de la política y colocados bajo los discursos pastorales.
La nueva cristiandad: ¿Nuevos modelos de política, nuevos territorios de dominación?
En primera instancia, todos aquellos hechos descritos, nos muestran que el discurso pastoral conservador sobre derechos humanos formula un tipo de relación entre iglesia católica, Estado y gobierno. Esta relación, cuyo horizonte político se encuentra en la privatización de lo público, ha estado presente sobretodo en los países latinoamericanos, desde su fundación hasta la actualidad.
Un segundo nivel, permite observar que este fenómeno no sólo se refiere al reconocimiento formal por parte de la historiografía de un tipo de relación entre los distintos gobiernos y la iglesia católica, sino en especial, está relacionado con el vínculo establecido entre el discurso pastoral, las acciones de los funcionarios del gobierno y las personas dentro de su vida cotidiana. Por lo tanto, el problema al cual esto nos enfrenta es la misma concepción dentro del pensamiento occidental que territorializa a lo público desde la metáfora ausente de lo privado, justamente a través del establecimiento y la extensión de esferas privativas, domésticas, administrativas y/o gubernamentales en el quehacer deliberativo y político.
Para este momento, la modernidad ha incorporado el campo y el capital religiosos del catolicismo en el ámbito privado como una estrategia discursiva que permite que el discurso pastoral se disemine en otros tipos de lenguajes como el médico, el jurídico y el social, concebidos como “seculares”. De esta manera, el discurso secular disfraza la intencionalidad religiosa de definir un modelo de vida mediante otros discursos. El concebir lo religioso como un elemento del ámbito privado permite la creación de un modelo abstracto que transforma una manera específica de vivir en un modelo universal. Así vemos como, en los procesos de formación del Estado-nación, la moral católica se convierte en virtud cívica, dentro de la república peruana, y otras latinoamericanas.
En el caso peruano, esta privatización discursiva del catolicismo de la cual hablamos tiene una genealogía concreta, cuyo origen está en el conflicto entre la jerarquía de la institución eclesiástica y las autoridades civiles, lo cual exigió una transformación del campo religioso. Pero principalmente, esta nueva situación responde a la pregunta sobre cuál es el nuevo papel dado a la religión en la sociedad dentro de la experiencia nacional, lo que muestra la lógica de la dinámica del fenómeno religioso en la modernidad.
Es decir, las características tales como la analogía especular con dios, la hipóstasis corporal, la analogía social, la hipóstasis política, basadas en la figura del pobre, la víctima y el desposeído, conforman una metáfora de la ausencia. Ésta instituye el orden moral y religioso, en este caso, la implantación del modelo de la cristiandad. Todo concluye en la relación del orden religioso con el orden civil, el poder moral coludido con el gobierno temporal, con el objetivo de reproducir tanto su economía libidinal como su economía política dentro de toda la sociedad. La metáfora de la ausencia es un proyecto homogenizador que expropia el deseo, objetualiza al ser humano, aliena la política e implanta un reino tirano trascendente.
Por tanto, es de principal interés incorporar a la religión a lo público _ ese espacio de interrogación y deliberación. Ninguna técnica y desde luego sus tecnologías deben ser privadas, ya que nos empujaría a la compulsión de una linealidad del lenguaje político.
De esta manera, proponemos la triangulación de la ciudadanía peruana como un modelo epistemológico que insiste en ver la relación entre la iglesia, el gobierno y el Estado, no sólo enfrentando la relación problemática establecida por el «orden tutelar» entre la institución eclesiástica (caracterizada como ámbito privado) y el Estado (caracterizado como ámbito público, entendido como contrato), cuyo sentido privilegia la secularización (claramente una suerte de privatización) de lo público, sino penetrando en la elusión generalizada del deseo en la conformación de los sujetos políticos modernos, trazada en el intento de privatizar lo público, que desde luego encuentra sus orígenes en la tradición paulina y en el pensamiento cristiano post niceno. En este sentido, consideramos que la secularización es incapaz de explicar las dinámicas de la relación entre la iglesia católica y el Estado peruano, no sólo como modelo explicativo, sino como estrategia de liberación.
La solución ante el establecimiento de la verdad doméstica del magisterio _ esas certezas propias del orden religioso sobre el mundo y la política, conceptualizadas en el término cristiandad_ es incorporar las tecnologías religiosas dentro de lo público, en tanto espacio indeterminado por el encuentro de las empatías corporales marcadas por la huella de la diferencia.
Estas certezas parten del hecho que la iglesia «enseña que la auténtica libertad no existe sin la verdad», y por lo tanto, obliga a quien representa a la voluntad popular «favorecer con el voto a la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los fundamentos de la fe y la moral», todo ello basado en «una conciencia cristiana bien formada».
Así pues, se debe analizar en relación con este sentido de laicidad una variable importante dentro de la propuesta de la triangulación de la ciudadanía: el carácter del sujeto político moderno. Este análisis encuentra su terreno en la comprensión de la tradición cristiana, pero no permanece ahí; antes bien, se extiende para observar las relaciones establecidas entre ésta y los discursos sobre la ciudadanía y la participación política en occidente, que se centran en el sujeto político. Se ha escogido la figura de la triangulación para dar cuenta de la ciudadanía y la participación, con base en las críticas del Anti Edipo de Deleuze y Guattari a la «imbécil pretensión de representar el inconsciente, de triangular el inconsciente, de captar toda la producción deseante» a través de la escena ternaria de la familia burguesa y edípica, ya que estas categorías están sujetas a la misma lógica constitutiva edípica de la formación del consciente. Este símil entre la ciudadanía y lo consciente pone de manifiesto la elusión del deseo realizada por la categoría del complejo de Edipo, también cuando de política se habla. Pero además, es importante considerar el sentido doméstico que cobra la ciudadanía, sobre todo cuando se le relaciona con cierta virtud racional, letrada, ascética y perfectamente moderna. En este sentido, la ciudadanía podría ser también una imagen ausente, cuya cartografía puede traer muchas discriminaciones y desigualdades.
Este ascetismo político, situado en la formación del consciente y de la ciudadanía, está basado en la erradicación de una pragmática corporal, haciéndonos parte de un mundo solipsista, normativo y jerárquico. Por ello, sobre esta estructura del sujeto se levanta el interdicto a la participación en el mundo de la democracia política, haciéndola limitada _representativa_, difícil _participativa_ y desigual _deliberativa. Esta racionalidad nos quita nuestra particularidad cuando ejercemos el quehacer político, colocándonos en la dicotomía de las imágenes de lo privado y lo público, lejos de toda práctica liberadora y transformadora.
Martín Jaime Ballero
Antropólogo y Magíster de Historia de la Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Especialista en Derechos Humanos y Magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.
Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos en esta universidad.
Ha sido el relator sobre la situación de los derechos humanos de las personas TLGB en el Perú durante los últimos tres años.
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